UNID@S SE PUEDE PIDE QUE SE RINDA HONORES A ANTONIO GONZÁLEZ, ASESINADO POR LA POLICÍA FRANQUISTA

EL DIARIO DE "EN AGUERE"

antonio

Idaira Afonso, concejala de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna y miembro de la Comisión de Presidencia y Planificación, pedirá en la reunión de dicha comisión que se celebrará este lunes que se inicien los expedientes necesarios para reconocer a Antonio González Ramos, un lagunero asesinado por defender ideales de libertad, democracia y justicia.

La edil recuerda que se trata de uno de los episodios más oscuros de la transición en Canarias, en el que a consecuencias de las torturas infligidas por la policía franquista perdió la vida este vecino del Ortigal. Antonio González Ramos fue miembro del movimiento vecinal lagunero durante los últimos años del franquismo, además de activista sindical y militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC).

Afonso explica que su detención por parte de la Brigada de Investigación Social y las torturas a las que fue sometido por parte del tristemente célebre…

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NO A LA PRIVATIZACION DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD

Cartel manifestación 30102014 contra privatizacion aeropuertos canarios v2

En 1992 se crea el Ente Público Aena, encomendándole la gestión de todos los Aeropuertos del Estado español y manteniendo con los beneficios de los Aeropuertos rentables, otros aeropuertos de interés general. Se convierte en la mayor entidad de gestión aeroportuaria del mundo, todo ello sin que le costara ni un solo euro al contribuyente, pues se financia con los ingresos aeronáuticos y comerciales propios de su actividad y generando riqueza. A pesar de que en el pasado año AENA produjo beneficios tras un drástico proceso de reestructuración, ahora se pretende utilizar la deuda fruto de la mala gestión de sus directivos como excusa para la privatización.

Prácticamente desde su creación el Ente Público Aena ha sufrido la amenaza de la privatización y la constante presión de los grupos financieros plenamente interesados en participar del pastel ante los excelentes ingresos económicos que aumentaban año tras año, en paralelo al crecimiento del turismo.

En 2010 se separa Navegación Aérea (seguiría siendo Ente Público AENA) de Aeropuertos (que pasaría a AENA Aeropuertos S.A.). Abriéndose la puerta a la entrada en AENA Aeropuertos S.A. al capital privado, la privatización de algunas Torres de Control y la posibilidad de gestión individualizada de cada aeropuerto.

En 2012, con el PP ya en el Gobierno del Estado, se hace público el llamado “Plan de Eficiencia Aeroportuaria” incluyendo un ERE que afectaría a 1.500 trabajadores y trabajadoras. Tras la aplicación del Plan de Eficiencia, volvían a apuntar a la posibilidad de la privatización parcial de AENA Aeropuertos.

Finalmente, el 13 de junio de 2014 aprueban la venta del 49%, reservándose un 21% a inversores de referencia y el resto, el 28%, a pequeños inversores. Finalizando el plazo para salida a bolsa en la primera quincena de noviembre.

El Gobierno español perjudica gravemente al Pueblo Canario, a sus necesidades vitales de movilidad y renuncia a convertir los aeropuertos en motores del desarrollo económico, perjudicando la principal industria actual de Canarias -el turismo-, y sustituyendo el interés general por el interés de unos pocos. Resulta alarmante comprobar cómo el Gobierno oculta a los usuarios y a los ciudadanos/as, el impacto de esta operación en el coste, la calidad y la seguridad del servicio, así como en la actividad económica.

En Canarias, el empleo directo que generan los aeropuertos se aproxima a los 1.600 puestos de trabajo, a lo que habría que sumar todo el empleo indirecto que se genera alrededor de la actividad aeroportuaria.

Los aeropuertos son pieza clave para cubrir las necesidades vitales de movilidad de nuestro pueblo y motor económico de nuestro archipiélago. Nuestros aeropuertos no pueden permitirse ni más recortes ni más ataques al empleo. En el último año se ha destruido empleo en todos los sectores: handling, limpieza, puntos de información, seguridad, mantenimiento, cafeterías, AENA Aeropuertos, etc. El Ministerio de Fomento ha reconocido recientemente en el Congreso, la reducción de la plantilla en Canarias en un 15.6 % en los dos últimos años, sólo en AENA Aeropuertos.

Las verdaderas consecuencias de la privatización de AENA son:

  • Fuerte incremento del precio de los billetes en los próximos años, al igual que ha sucedido con la liberalización de sectores como la electricidad, el agua, etc.
  • Drástico empeoramiento de la calidad y seguridad del servicio público, como ejemplos: el deterioro progresivo de las infraestructuras aeroportuarias; las bajadas de nivel de protección del Servicio de Extinción de Incendios por falta de personal, los incumplimientos reiterados de los requisitos especificados en los Planes de Emergencia por falta de personal en servicios como el de operaciones y la eliminación del Servicio Médico y ambulancia en algunos aeropuertos.
  • Peligro de supresión de las rutas que no sean rentables económicamente para los inversores, aunque sí lo sean social y económicamente para el entorno y los ciudadanos a los que se debe garantizar la movilidad y conectividad.
  • Pérdida de empleo y precarización del trabajo en el sector.
  • Cierre de aeropuertos, necesarios especialmente en un territorio fragmentado en que los ciudadanos deben trasladarse de modo habitual para realizar trámites administrativos, acudir a consultas médicas, realizar estudios etc.

Es evidente que lo que se juega Canarias en este conflicto es una cuestión estratégica a medio y largo plazo. Mantener la gestión pública de los Aeropuertos Canarios es de vital importancia para las necesidades de nuestro Pueblo, su cohesión social, territorial y su desarrollo económico. Por ello, EXIGIMOS al Gobierno del Estado, la paralización del proceso de privatización y venta de los aeropuertos y RECLAMAMOS al Gobierno de Canarias que ponga todos los medios necesarios para mantener la titularidad y gestión pública de los aeropuertos de nuestro archipiélago.

Queremos hacer un llamamiento a la unidad del conjunto de la sociedad Canaria, asociaciones, colectivos ciudadanos, organizaciones políticas y sindicales, con el objetivo de mostrar nuestro rechazo más absoluto a esta privatización tan grave para los intereses de Canarias, privatización sobre la que nadie nos ha preguntado, y que constituye una nueva agresión a los ciudadanos del archipiélago, teniendo, como único objetivo, favorecer los interés económicos de unos pocos a costa de los de la sociedad en su conjunto.

¡NO A LA PRIVATIZACION DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS!

¡POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD!

Abogamos por la convocatoria de una Huelga General

Desde hace muchos años no se producían en Canarias movilizaciones sindicales y sociales, como las que han tenido lugar en los últimos cinco meses. Nunca como hasta ahora se ha manifestado en las calles y de manera más clara y firme, el rechazo a las políticas de empobrecimiento lanzadas primero por el gobierno del PSOE y continuadas luego salvajemente por el actual gobierno del PP.
La confluencia sindical que las posibilito, fue construida sobre la articulación de una estrategia de confrontación y resistencia a las políticas neoliberales. El Frente Sindical agrupo a más de 19 centrales sindicales en las Islas, y consolidó este esfuerzo nucleando entorno a esta estrategia a la más amplia representación del movimiento social. Esta experiencia no se ha producido en ninguna otra parte del Estado, y en Canarias lo hizo posible, la madurez de las organizaciones sociales y los sindicatos de clase que comprendimos el esfuerzo que el momento histórico nos reclama.

Ese fue el objetivo: movilización y lucha contra esas políticas que nos han colocado con una tasa de paro escalofriante y que en Canarias alcanza cifras devastadoras, que han sembrado pobreza y miseria en nuestro pueblo y que han colgado el cartel de se vende o se cierra en todos los servicios esenciales: sanidad, educación, servicios sociales, justicia…
Tras las grandiosas movilizaciones del pasado 19 de Julio, donde el clamor de huelga general fue unánime, entendimos que se daban las condiciones (el nivel de lucha y conciencia de nuestro pueblo es evidente) de colocarnos en posición de ataque a esas políticas y no solamente de resistencia y rechazo a las mismas. Conscientes de que los presupuestos generales del año próximo traerán, con seguridad, más desventura e indigencia a nuestro pueblo, la alternativa no puede ser otra que la continuidad de la presión trabajadora en las calles hasta alcanzar, con la huelga general, un claro objetivo: la dimisión del principal protagonista y culpable del actual estado de caos y empobrecimiento general: el Gobierno del Estado.
Por ello, ni aceptamos ni respaldamos la propuesta de las direcciones de CCOO y UGT consistente en una hoja de ruta para un referéndum ¡que sancione o no esas políticas! ¿No se constituyó esta plataforma sindical unitaria para luchar contra ellas? ¿Llamamos a los trabajadores y trabajadoras a la movilización contra esas políticas y ahora hay que preguntar si nos parecen bien o no? Esta campaña, arranca en el mes de agosto y finalizaría el 15 de octubre como fecha probable de celebración de la consulta. No sólo entendemos inútil esta propuesta, sino que debemos denunciarla como una estrategia que contribuirá a frenar y retrasar el imprescindible cambio de rumbo de estas políticas.
Abogamos, por tanto, por la convocatoria de una Huelga General en fechas próximas, como medida de presión que provoque la caída de este gobierno y que suponga ese cambio de rumbo hacia una Democracia Popular. Una huelga convocada y promovida por todas y todos: los movimientos sociales, las personas con dependencia, marginadas, desempleadas, los trabajadores y trabajadoras, los empleados públicos, los autónomos, los comerciantes…. Una huelga por la defensa y garantía de los servicios públicos y sociales, la sanidad y la educación. Una huelga contra los recortes y las políticas neoliberales contra el desmantelamiento del estado social y de derecho.
Hacemos, una vez más y públicamente un llamamiento a CC.OO y UGT para que asuman la propuesta de huelga general en el marco temporal previo a la Ley de presupuestos y que ha sido refrendada por la Asamblea Popular de Gran Canaria, y vuelvan, así, a la senda de la unidad de acción y lucha para el cambio efectivo de esas políticas.
Canarias 16 de agosto de 2012.

Firmado: Intersindical Canaria; FSOC; co.bas-Canarias; Convergencia Sindical Canarias; Sindicato de la Elevación; SOPC; Sitocan; Independientes de Guaguas.

Dan la carta de despido a 40 PAS interinos y 70 profesores asociados

Universidad de Murcia:Dan la «carta de despido» a 40 interinos y 70 profesores asociados»

Los sindicatos CSIF, Fete-UGT, SIME y Sterm han registrado este lunes más de 500 firmas de trabajadores contra la reducción de la jornada y retribuciones al personal interino de la UMU en el Rectorado de la Universidad de Murcia; así como un manifiesto en el cual más de la mitad de la plantilla del Personal de Administración y Servicios (PAS) ha firmado en contra de las medidas de ajuste planteadas por la universidad.
Alfonso Ros, del sindicato de empleados públicos SIME, ha transmitido así la preocupación de los agentes sociales en la universidad por la situación económica actual y sus posibles repercusiones en las plantillas; de hecho, 40 interinos del Personal de Administración y Servicios (PAS) y 70 profesores asociados miembros del Personal Docente Investigador (PDI) de la Universidad de Murcia han recibido “su carta de despido” debido a los recortes que está sufriendo la institución docente, según ha subrayado Ros.
El origen de la situación, según los sindicatos, tiene dos líneas críticas, como es la reducción del presupuesto de la universidad, de 10,1 millones de euros, “con el agravante de que esa reducción ha de aplicarse solamente en el segundo trimestre” y viene como adicional a los recortes ya desarrollados en la UMU, de unos 35 millones de euros en los dos últimos ejercicios.
La segunda línea, han explicado, es la deuda reconocida de la Comunidad con la UMU, que ronda los 66 millones de euros. “Una penalización de una administración que ha cumplido y reducido casi en 25 millones su presupuesto anual a partir de planes de austeridad”, señalan al respecto.
Tras lo que tachan como responsables de la actual situación de la universidad al ex rector de la universidad y actual consejero de Universidades, José Ballesta, el vicepresidente y consejero de Economía, Juan Bernal y el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel.
Y es que, ha puntualizado Ros, “se nos han planteado una serie de recortes en la universidad, –a falta de definir–, que podrían afectar a las plantillas del PDI y del PAS”. En concreto, ha remarcado, en el personal de Administración y Servicios, se habla de una reducción de un tercio en la jornada laboral para los 280 interinos, de los que 40 “ya han recibido la carta de despido”.
Además, “se nos apuntan otra serie de medidas dirigidas a recorte de salarios”, ha afirmado en rueda de prensa Alfonso Ros, y explicado que estos 280 interinos podrían quedarse con unas retribuciones aproximadas de entre 700 y 900 euros mensuales, “un agravio importante”.

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http://www.laverdad.es/murcia/20120611/local/region/murcia-sindicatos-recogen-firmas-201206111356.html

LO PÚBLICO ES GARANTÍA. SERVICIOS PÚBLICOS PARA TÍ Y PARA TODOS

Miércoles 23 a las 19,00 desde la Plaza Weyler.

Canarias vive una situación de extrema gravedad social y laboral, caracterizada por undesempleo que se acerca al 32% y sobrepasa las 340.000 personas y una tasa de temporalidad superior el 30% de los contratos. El 15,5% de hogares canarios tiene todos sus miembros en el desempleo. El paro juvenil es del 51% y, respecto a la media del estado español la clase trabajadora de Canarias se haya a la cola de los salarios (con un diferencial de 450 €) de los incrementos salariales; de las pensiones y de las percepciones por desempleo. Los sucesivos ataques a los servicios públicos perpetrados por los diferentes gobiernos, que los empleados hemos sufrido a lo largo de los últimos decenios, nos han llevado a estar en la cola de muchos indicadores del estado de salud de nuestro estado del bienestar. En Canarias tenemos el mayor índices de fracaso escolar y de abandono de los estudios; la más prolongada lista de espera para atención médica; la cesta de la compra más cara; con la Justicia más lenta; es la comunidad con menor aplicación de la Ley de Dependencia; nuestra población recibe de los presupuestos estatales 275 euros/persona menos que la media del Estado; la tercera parte de la población vive, en la actualidad, bajo el umbral de la pobreza y depende mayoritariamente de la prestación de los servicios públicos que recibe.
Las actuales políticas privatizadores restan recursos a los servicios públicos que recibe la ciudadanía en favor de los beneficios empresariales de unos pocos que, junto con los recortes presupuestarios experimentados en los últimos tres años y el ataque frontal a los empleados y empleadas públicos, han debilitado los servicios públicos que recibe la ciudadanía y han puesto en riesgo el mantenimiento y la continuidad de los servicios esenciales, que hasta ahora habían definido el estado del bienestar, y quiebran el marco de derechos democráticos y laborales.
El escenario de la crisis está siendo utilizado por el Gobierno de Canarias, desvergonzadamente, como la excusa perfecta para sustraer recursos de los servicios esenciales justamente cuando, desde esa situación de crisis, que castiga con el paro y la exclusión social a miles de familias canarias, se debe apostar por reforzarlos y así garantizar las necesarias coberturas sociales, el obligado amparo del estado y del Gobierno de Canarias y la atención igualitaria y solidaria para toda la ciudadanía.
Y la manera que este Gobierno ha encontrado de privatizar lo público y lanzar al ciudadano a los brazos de las empresas especuladoras en servicios sociales, educativos y sanitarios, es arremeter sin contemplaciones contra los/as empleados/as públicos/as, recortando sus derechos laborales y sindicales, destruyendo empleo e intentando socavar la confianza de los/as ciudadanos/as con campañas mediáticas y políticas destinadas a desacreditar su imagen; y es que este Gobierno, conociendo que la estructura laboral de la Función Pública y los derechos conquistados a lo largo de los años por sus trabajadores/as, constituyen un punto de referencia para los/as compañeros/as de otros sectores, pretende pasarnos rodillo a toda máquina para allanar el terreno a los intereses empresariales.
Las empleadas y empleados públicos somos los garantes de los derechos de los ciudadanos y por ellos tenemos que luchar. Por ellos y por nuestra dignidad. Sobre nosotros, sobre nuestra profesionalidad y nuestro trabajo recae el estado del bienestar, la justicia social, los derechos y avances democráticos y los servicios que recibe la ciudadanía. Nosotros somos los prestadores de servicios públicos, los que estamos atendiendo en los hospitales, los que conseguimos que los enfermos se sientan seguros, los que garantizamos la seguridad y los derechos individuales y colectivos, los que hacemos que la educación y la formación gratuita de nuestros hijos sea posible, los  que hacemos posible que los servicios públicos y sociales lleguen a todos los ciudadanos, al margen de la clase social o de los recursos económicos que dispongan, los que hacemos posible el derecho a la justicia . Y por ello tenemos que luchar. Porque si a un ciudadano le preguntáramos sobre su prioridad a la hora de despedir a un médico, a un maestro, a un trabajador social o a un agente judicial frente a despedir un asesor o recortar los privilegios de un político, la respuesta sería clara: sobran ellos.
Los empleados públicos somos profesionales y a pesar de ello hemos soportado el peso de la mala gestión de los recursos públicos y la cobardía de muchos políticos en responsabilizar a los empleados públicos de sus propias incompetencias. Para las empleadas y empleados públicos siempre ha habido política de recortes. Nos han hurtado el 45% de nuestro salario en los 15 últimos años y nos han restado derechos laborales y sociales. La repercusión de esa política de recortes indiscriminada que vienen realizando los Gobiernos central y canario tiene, también, una enorme incidencia en las Administraciones Locales, las más cercanas al ciudadano, que han visto como se merman los derechos de sus trabajadores y trabajadoras y los recursos que necesitan para la prestación de los servicios sociales a la ciudadanía. Y a pesar de ello damos cada día la piel para servir a los ciudadanos. Desde siempre, en ese “contexto socioeconómico global”, hemos sido las empleadas y los empleados públicos, como trabajadores y como ciudadanos, los que hemos soportado con nuestros derechos, nuestros salarios y hasta nuestra propia imagen los dislates, los privilegios y derroches de los que están y han estado en la Administración de manera coyuntural.
A las empleadas y empleados públicos nos han recortado derechos sociales y laborales, nos han robado parte de nuestro salario y de nuestros derechos para pagar la incapacidad de los que nos gobiernan. Nos han amenazado con los despidos cuando ellos no han sido capaces de renunciar a los privilegios que disfrutan, a las dietas, a los asesores, a las inversiones de los amigos, a los coches públicos, a los banquetes, a los viajes y a los lujos. Es fácil sentarse en la poltrona y jugar con el dinero de todos. Porque los empleados públicos, como el resto de la sociedad, estamos siendo doblemente castigados. Nos han castigado como trabajadores pulverizando nuestros derechos y nuestro salario y como ciudadanos/as, viendo como se precarizan los servicios públicos.
La reivindicación por el mantenimiento de los servicios públicos de calidad, públicos y universales, no es sólo de los empleados públicos. Debe ser un grito único en defensa de los derechos básicos y de los que los defendemos cada día desde nuestro puesto de trabajo en la Administración. Es la hora de pasar de la indignación a la rebeldía ciudadana, es la hora de la lucha unitaria, en la calle y en los centros de trabajo, codo a codo estudiantes y parados, agricultores, profesores y sanitarios, autónomos y pensionistas, sindicatos, movimientos sociales y el conjunto de la ciudadanía que quiere y merece una alternativa diferente, que tiene derecho a unos servicios públicos dignos que nos hagan sentir que, al margen de su situación económica que disfrutemos, seguimos siendo ciudadanos de primera.
Porque este Gobierno se siente impune actuando como actúa, no podemos permitir que se salga con la suya ni que utilice la ley para imponer sus intereses.
Debemos expresar nuestro rechazo con contundencia porque, de no hacerlo, se sentirán legitimados para continuar gobernando de espaldas nuestros derechos como empleados públicos y como ciudadanos, a espaldas de nuestro pueblo y contra sus derechos.
Por todo ello, debemos organizarnos y, desde la unidad de los/as trabajadores/as de las Administraciones Públicas, desde la ciudadanía que es la destinataria de los Servicios Públicos, preparar la resistencia y la movilización que les ponga freno.
Conscientes de los derechos de la ciudadanía y comprometidos con los trabajadores y trabajadoras del sector público, firmamos el presente manifiesto y convocamos a los empleados y empleadas públicas de canarias y al resto de los ciudadanos y ciudadanas a la manifestación que en defensa de los Servicios Públicos tendrá lugar en todas las capitales canarias el día 23 de mayo de 2012 a las 19 horas.
En Canarias a 15 de mayo de 2012
Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC), CO-BAS Canarias, Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras Canarias (CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT-Canarias), SEPCA, Convergencia Sindical Canaria,OCESP, CSI-F, SIC