Quienes somos.

Alternativa Sindical Obrera Canaria se define estatutariamente como una organización sindical comprometida firmemente con la eliminación de cualquier forma de explotación y de opresión que atente contra la libertad y la dignidad de las personas. Orientamos nuestra intervención en la lucha hacia la defensa de los intereses económicos, políticos y sociales de la clase trabajadora canaria y del Pueblo Canario en su conjunto y en consecuencia, la conquista de la Soberanía Nacional y Popular de Canarias. Contribuimos con nuestra actividad a la mejora de nuestras condiciones de vida y trabajo, y nos oponemos radicalmente a cualquier tipo de explotación capitalista y opresión nacional.

Crisis y Universidad: de intelectuales a hacedores de ‘papers’

Crisis y Universidad: de intelectuales a hacedores de ‘papers’

Fernando García-Quero   miembro de Economistas Sin Fronteras




La Universidad está inmersa en un proceso que aniquila intelectuales y los convierte en un nuevo tipo de ser académico cuyo fin último es hacer papers. No se se fomenta un profesorado que intente enseñar más allá de los cánones establecidos o colabore con asociaciones u organizaciones sociales.
Aunque parezca mentira y difícilmente creíble, la evolución durante las últimas décadas de las políticas públicas en el ámbito universitario español ha generado unos incentivos perversos que están acabando con la reflexión y el pensamiento crítico en todos los niveles de la sociedad. En el sistema universitario español no se valora ni se fomenta en absoluto un profesorado que prepare clases, envíe trabajos a sus estudiantes y los corrija, intente enseñar más allá de los cánones establecidos, imparta charlas fuera del ámbito académico sobre cuestiones que considere importantes para formar ciudadanos con ideas propias, colabore con asociaciones u organizaciones sociales, escriba en medios divulgativos para transmitir lo que hace, o se preocupe por influir en sus entornos más cercanos.
Esas actividades, que para cualquiera que no conozca el funcionamiento de la Universidad pueden parecer las obligaciones diarias del profesorado universitario, no sólo no lo son, sino que la persona que las lleve a cabo está dificultando considerablemente sus posibilidades para consolidarse en las plantillas de las universidades españolas.
Quien realiza ese tipo de actividades porque las considera imprescindibles para su labor académica está restando tiempo para lo que más se valora en la Universidad española, publicar artículos científicos en revistas con alto impacto, los llamados papers en el lenguaje anglosajón[1]. Papers que en la mayoría de las ocasiones, al menos en ciencias sociales, que es el ámbito que mejor conozco, no sirven para mucho, no aportan gran cosa a la sociedad y no mejoran en absoluto la realidad más próxima a los investigadores e investigadoras que los realizan.
Papers que están haciendo cada vez más difícil encontrar en las universidades españolas profesorado con el que poder discutir de diversas cuestiones desde una perspectiva multidisciplinar y crítica, profesorado que asista a charlas por el gusto del saber, que lea más allá de lo indispensable para publicar o que se implique en actividades con el fin de que la sociedad mejore.
Las reglas de juego en la esfera universitaria española han cambiado peligrosamente las motivaciones y los comportamientos de su profesorado. La Universidad española, le pese a quien le pese, está inmersa en un proceso que aniquila intelectuales y los convierte en un nuevo tipo de ser académico cuyo fin último es hacer papers sin pausa, sin poso y sin reflexión. Aunque nuestras universidades se vanaglorien constantemente de estar cada vez mejor posicionadas en los rankings internacionales de excelencia, no engañan a nadie y mucho menos a los que conocemos la situación desde dentro. Quienes estamos inmersos en el sistema universitario español y quienes lo sufren en sus carnes, estudiantes en su mayoría, conocemos bien lo que se cuece dentro y lo mucho que dejan por desear grados, posgrados, maestrías y demás estudios ofertados en nuestras facultades.
En mi opinión nada de esto es baladí y tiene gran influencia en la realidad social, política y económica que nos está tocando vivir. Cuando se conoce el funcionamiento interno de la Universidad y los estímulos bajo los que se trabaja dentro de ella, se llega fácilmente a la conclusión de que al fin y al cabo no es tan de extrañar la crisis multidimensional en la que nos encontramos. Demasiado bien estamos, diría yo, sobre todo teniendo en cuenta que en el lugar del conocimiento por excelencia, en el lugar donde deberían de gestarse las alternativas y formarse seres humanos que luchen por la igualdad y la justicia social, hay un sistema de incentivos para generar estudiantes mediocres, sin reflexión y manipulables, académicos y académicas sin discusión, catedráticos y catedráticas sin cátedra ni conversación e intelectuales sin intelecto.
Claro está, así es mucho más fácil hacer cambios que van en contra del interés general y favorecen los intereses de las minorías que ostentan el poder. Por suerte para todos y todas, aún hay muchas resistencias y un número considerable de profesorado y estudiantes, independientemente de que se les valore o no, siguen luchando y trabajando por crear una Universidad cuyo objetivo principal sea utilizar el conocimiento para una transformación social hacia la igualdad. A ellos y ellas, mi gratitud y admiración, porque cualquier cambio a mejor pasa por una Universidad comprometida, crítica y con capacidad de lucha.
Nota:
[1] El factor de impacto es un indicador bibliométrico dirigido a clasificar y evaluar la calidad de las revistas científicas. Cuanto mayor factor de impacto tiene una revista, mayor calidad y rigor se le suponen.

Las miserias de la Universidad española contadas desde dentro.

Las miserias de la Universidad española contadas desde dentro

La conversación no tiene desperdicio. Y se produjo entre la actual consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, y su  directora general de Universidades e Investigación, Clara Eugenia Núñez, quien años después ha reproducido en un libro lo que allí se dijo. Núñez había sido contratada directamente por Esperanza Aguirre con un encargo: “Regenerar las instituciones”.
La consejera y su subordinada hablaban de los IMDEA, un ambicioso programa científico que todavía hoy pretende atraer talento a la Comunidad de Madrid, carente de una masa crítica de investigadores. Fue en ese contexto cuando Figar dijo a la directora general: “Me dicen que tus investigadores (sic) no asisten a las reuniones ni a comités, se limitan a investigar”. Y prosiguió: “Ya sé que publican muchos papers, pero ¿quién les dice en qué tienen que investigar?, se preguntó.
La respuesta de Núñez fue inmediata y aplastante:
–Si hubiera que decírselo, no serían investigadores.
–Claro, claro –siguió argumentando la consejera–, pero además de investigar, ¿qué hacen?
Ni que decir tiene que, al poco tiempo, la directora general fue destituida de su cargo y las universidades madrileñas y sus centros de investigación son hoy pasto de todo tipo de políticas descabelladas. La consejera, sin embargo, como en el cuento de Monterroso, sigue allí.
No es desde luego el único caso. Ni siquiera el más sangrante. La España de las autonomías se ha llenado de campus universitarios bajo la atenta mirada del poder político, que, como dice Clara Eugenia Núñez, han inventado la biblioteca-espectáculo, poco espacio para el estudio y el depósito de libros y mucho para el divertimento. Algunos datos lo corroboran. En 1975, había en España 28 universidades, pero en 2007 ya eran 77 (de ellas, 50 públicas) con 132 campus universitarios. Es decir, una por provincia. Hoy existen tantos campus como institutos de enseñanza media había en España a comienzos del siglo XX.
Excelsa mediocridad
Tanto dispendio, sin embargo, no evita una realidad dolorosa: ninguna universidad española se encuentra entre las 200 mejores del mundo, lo que da idea de tan excelsa mediocridad. Y lo que probablemente sea más preocupante: su irrelevancia social es absoluta.
Eso es, precisamente, lo que denuncia Clara Eugenia Núñez en Universidad y Ciencia en España, un libro que acaba de ver la luz y que refleja las miserias desde dentro (cinco años como directora general de Universidades) de una institución esencial en la formación de sociedades avanzadas, pero que en España se ha convertido (salvo en excepciones) en una inmensa agencia de colocación de profesores desmotivados y mal pagados, y en un inmenso aparcamiento de jóvenes condenados al paro o al subempleo.
Como sostiene Núñez, en España ni hemos aprendido de Francia, donde las universidades fueron un proyecto de Estado para defender la libertad frente a injerencias políticas o religiosas, ni de Alemania, donde el modelo diseñado por Humboldt puso el énfasis en la investigación como la clave de bóveda de una formación superior de carácter humanista. Ni, por supuesto, de las universidades norteamericanas, que combinan los centros de investigación con la larga tradición de los college británicos y su obsesión por cultivar élites del conocimiento.
Nada de eso ha sucedido en España, donde el clientelismo político y el caos organizativo se han apoderado de su funcionamiento. Algo en lo que tiene mucho que ver, como sostiene Núñez, su deficiente diseño institucional, calcado al de las comunidades autónomas, que son quienes meten mano en su funcionamiento al margen de cualquier racionalidad académica.
La autora del libro pone un ejemplo. Es evidente que cada año hay un desfase brutal entre la oferta de plazas universitarias y la demanda de titulaciones, lo que obliga a muchos alumnos que no alcanzan la nota a matricularse en otras disciplinas que no desean, con el consiguiente fracaso académico y económico. ¿Y por qué no se cambia el sistema?, se pregunta Núñez. Su respuesta no deja lugar dudas. A nadie importa la oferta educativa, “sino la permanencia en sus puestos de miles de profesores, muchos de ellos redundantes en la Universidad”.
Un ‘lobby’ para capturar rentas
Su conclusión es que la Universidad se ha convertido “en un lobby cuyo principal objetivo es obtener rentas públicas” bajo la amenaza permanente de presión política y movilización en la calle. El resultado sólo puede ser uno: España gasta en centros universitarios una cantidad “comparable” con otros países de la OCDE, pero los resultados académicos están muy por debajo de lo que cabría esperar en un país que destina tantos recursos a su sostenimiento. Sin duda, porque la Universidad tiene mucho más que ver con la política que con el conocimiento.
Dos casos lo acreditan. En la Universidad Carlos III, la plantilla de profesores contratados creció sospechosamente antes de unas elecciones a rector (impulsadas por el rector saliente Peces-Barba) para que su voto determinara los resultados de la votación a favor de su candidato; mientras que el exrector Berzosa, de la Universidad Complutense, lo que hizo fue subir los sueldos a los trabajadores para lograr la reelección (lo cual consiguió). Como dice Núñez, “su liberalidad, con los fondos públicos por supuesto, puso en apuros a todas las demás universidades públicas de Madrid, cuyos sindicatos empezaron a presionar a favor de un trato similar en aras de una supuesta equidad”.
Y es que el nepotismo, el compadreo, viene de lejos. La exdirectora general de Universidades de Madrid recuerda que la primera reforma –de 1983– permitió el ascenso a catedráticos de los entonces llamados profesores agregados. ¿El resultado? “Muchos diputados a Cortes y altos cargos en el Gobierno socialista se beneficiaron de esta medida”. El caso de Jon Juaristi, que también acabó siendo director general de Universidades con Lucía Figar, es igualmente significativo.

HUELGA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA

HUELGA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA   
24 DE OCTUBRE DE 2013
    M A N I F I E S T O    C O N J U N T O

 Toda la comunidad educativa canaria (padres y madres, estudiantado, profesorado universitario y no universitario y personal laboral) y las organizaciones sindicales, políticas y sociales adheridas a este Manifiesto muestran con la Huelga General de la Educación del 24 de octubre, su total rechazo a la degradación sistemática que está sufriendo la Educación Pública, así como a su total desmantelamiento a través de la aprobación de la LOMCE y de los recortes económicos promovidos por el Gobierno del Estado y por el Gobierno de Canarias.
Las políticas capitalistas aplicadas con la excusa de la crisis económica, en pro de la búsqueda de una supuesta austeridad, están transformando una Educación que ya de por si tiene muchas carencias, en una carrera de obstáculos que muchos estudiantes no podrán salvar, en la que serán tratados como mera mercancía, y en las que el profesorado cada vez más expoliado de sus derechos, no será tomado en consideración a la hora de planificar la política educativa.
Las agresiones a la educación del Gobierno de Rajoy forman parte del plan de ajuste impuesto para sacar tajada de los servicios públicos que sufren una tendencia hacia la privatización y de la merma de derechos de los trabajadores, siguiendo los dictados de las políticas auspiciadas por Merkel y sus socios de la Unión Europea, que son aplaudidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no pretenden más que la mercantilización de derechos fundamentales, como lo son la Sanidad o la Educación.
Las consecuencias de las políticas devastadoras que implican la LOMCE y los recortes educativos serán especialmente graves en nuestro Archipiélago por los altos índices de pobreza y paro, el abandono temprano y el fracaso escolar, o lo altos precios de la cesta de la compra, unido a las dificultades para acceder a una vivienda, entre otras cuestiones.
En Canarias el Gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez viene aplicando esa misma receta amarga para los de abajo y dulce para los intereses económicos privados. Mientras critican los recortes económicos, aumentan las ratios, la generalización de contratos por horas o la generalización de centros a compartir, la reducción de plantillas y de oferta educativa en la enseñanzas pos obligatorias, aplican la reducción de departamentos didácticos, sacando adelante sus medidas a golpe de decreto.
Por su parte, la universidades públicas canarias, con la complicidad de sus rectores, José Regidor y Eduardo Domenech, imponen este curso sus “normas de permanencia y progreso”, con las cuales se degrada aún más la enseñanza universitaria, y el estudiantado tendrá aún más dificultades para poder realizar sus estudios, pues impiden que se le puedan organizar los mismos en función de sus necesidades, obligándoles a matricularse de un número mínimo de créditos, y de las asignaturas pendientes, lo que con las abusivas tasas universitarias, se hace imposible en muchos casos, por lo que un elevado número de estudiantes no podrán terminarlos. Esta normativa de “permanencia y progreso” no es más que un ejemplo del modelo mercantilizado de Universidad que supone el Plan Bolonia. Además, se impone la privatización de los servicios universitarios en una doble vertiente, por un lado, la implantación de universidades privadas en las Islas, y, por el otro, la privatización encubierta de las universidades públicas por medio de la gestión de servicios universitarios que hacen las fundaciones empresa radicadas, a la manera de administraciones B, en los centros públicos de educación superior.
La comunidad educativa muestra así su total rechazo a la degradación sistemática que está sufriendo la educación a causa de unas políticas de austeridad injustas que tienen como objetivo el desmantelamiento de los servicios públicos, aquellos que deben garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, en condiciones de igualdad y de equidad social.
Todas esas medidas en materia educativa emprendidas por el actual Gobierno estatal lesionan gravemente el derecho a la educación y sirven al objetivo básico de sentar las bases de un modelo social y productivo basado en la desigualdad.
 
                                                              NO A LA LOMCE
 Esta es una contrarreforma fundamentalmente ideológica, basada en una determinada concepción de la sociedad. Es una contrarreforma impuesta, sin diagnóstico ni debate ni consenso cuyo modelo:
·         Consolida los recortes educativos, la degradación de las condiciones laborales del personal docente universitario y no universitario y del personal laboral y abre la puerta a una dura reconversión en el sector.
·         Se ha diseñado a espaldas de la comunidad educativa. No ha permitido analizar ni debatir los posibles problemas de nuestro sistema educativo.
·         Es una ley privatizadora que convierte a la educación en un bien individual. Mediante un cambio radical de objetivos, la educación deja de estar considerada como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una red escolar de centros públicos de calidad, para someterla a las leyes del mercado.
·         Es una ley segregadora: por sexo, por lengua, por nivel adquisitivo (zona única de escolarización, rankings de centros), por nivel académico (reválidas, itinerarios sin salida, “altas capacidades”), por religión o por la especialización de centros.
·         Establece itinerarios excluyentes, que seleccionan y clasifican al alumnado, incluso antes de finalizar la educación obligatoria.
·         Elimina el derecho de participación de la comunidad educativa en los centros, dejando a los consejos escolares como meros órganos consultivos, coartando la toma de decisiones tanto por el personal docente como de los demás miembros de la comunidad escolar.
·         Concede un poder casi absoluto a los directores para aprobar el proyecto de centro y decidir en la selección de los profesores.
·         Las pruebas externas en primaria y de reválidas al final de la ESO y del bachillerato, suponen desprecio a la labor docente y elimina la evaluación continua. Implanta una competencia desigual entre centros y zonas geográficas con diferente renta y nivel social, abriendo la puerta al “ranking de centros”. Concibe la evaluación como una carrera de obstáculos.
·         Pervierte la autonomía de los centros, dando prioridad a los de especialización curricular, que profundizan en la selección del alumnado, en la desregulación y en la quiebra de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no establece medidas que favorezcan la equidad.
·         Excluye otras funciones educativas propias de una sociedad democrática, eliminando la educación en valores. Retrocede en la igualdad de género y en la educación mixta. Además introduce como elemento mercantilista el “emprendimiento empresarial”. Obliga al alumnado a cursar religión o su alternativa, cuando las religiones deberían estar fuera del currículum y del horario escolar.
·         Reduce la optatividad y en consecuencia las materias de modalidad en el Bachillerato, lo que llevará a un recorte importante de profesorado, en torno a 5.000 a nivel de estado.
·         Genera inestabilidad de las plantillas de los centros incidiendo negativamente en la calidad educativa. Provocará movilidad forzosa y despidos. El profesorado interino, junto con el personal laboral, será el primero en ser despedido.
·         Elude las recomendaciones de distintos organismos internacionales de priorizar las inversiones en educación. No considera factores de calidad del sistema los recursos humanos y materiales, la ratio, la formación continua y los servicios educativos complementarios.
·         Establece una formación profesional básica que llevará necesariamente a una segregación temprana del alumnado para trasladarle al mundo laboral con una mínima formación (mano de obra barata) y excluyéndole de la formación reglada y de las vías de integración, que afectará principalmente al alumnado con mayores dificultades socioeconómicas. Ello, lleva a la creación de “centros gueto”, con grave incidencia en las condiciones laborales de los trabajadores.
·         Parte de una concepción centralista con desprecio hacia las lenguas cooficiales y la obligatoriedad de sufragar con dinero público la impartición de las clases de castellano.
                                               NO A LOS RECORTES EDUCATIVOS
 Los recortes educativos responden a una estrategia calculada para debilitar y degradar  la calidad del sistema educativo y avanzar en su privatización. Además, no suponen ninguna solución a los problemas reales de la educación pública. Los ejes de esta política de degradación son:
·         Drástica reducción de las plantillas: en contradicción con el incremento sostenido del alumnado y de las múltiples opiniones cualificadas que recomiendan el desarrollo de planes para reducir el fracaso escolar y el abandono temprano, los cuales requieren un mayor número de docentes y de otros profesionales del sector educativo (auxiliares, cuidadores…).
·         La reducción de medidas y servicios de apoyo fundamentales: recursos destinados a becas en todos los niveles, servicios complementarios (comedores, transporte, libros y material escolar), aulas de apoyo, medidas de atención a la diversidad… Como consecuencia, muchos alumnos dejarán de recibir las ayudas educativas y económicas que necesitan para acceder a la educación en igualdad de condiciones, premisa indispensable para posibilitar la cohesión social.
·         La eliminación de las subvenciones  y/o ayudas a las AMPAS y Asociaciones Estudiantiles, por ejemplo, para mantener actividades extraescolares de calidad a precios asequibles o garantizar la participación de estas en los diferentes foros educativos.
·         El encarecimiento y la limitación en el acceso a las enseñanzas fundamentales para la sociedad, que deben ser suficientes y gratuitas. Brutal reducción del presupuesto destinado a la educación pública, salvaje política privatizadora, desorbitado incremento de las tasas universitarias, reducción del número y cuantía de las becas, deja de ser gratuito el acceso a la educación infantil, la formación profesional y a otras enseñanzas de régimen especial (idiomas, artísticas y musicales), recorte del mapa de titulaciones universitarias y de FP en un contexto de paro juvenil que supera el 50%. Contradictoriamente, se despilfarra en cuestiones innecesarias, como el uso abusivo de las horas extraordinarias, mientras envían a miles de profesionales al paro.
·         La reducción y paralización, drástica, tanto de la construcción de nuevas infraestructuras en todos los niveles como de la remodelación de las antiguas (centros para I+D, nuevos centros educativos…) La reducción drástica del presupuesto de los centros para atender a las necesidades ordinarias de funcionamiento y mantenimiento.
·         El empeoramiento generalizado de las condiciones en que se debe trabajar en los centros. El incremento de la jornada de trabajo y de las tareas burocráticas de todos los/as profesionales de la educación, la no cobertura de las ausencias inferiores a 15 días y unas ratios excesivas (número de alumnos/as por aula) tanto en las clases como impiden el adecuado tratamiento de la diversidad, así como en los comedores escolares), reduciendo las posibilidades de éxito escolar; lo que ha supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo en Canarias. Debemos resaltar como este empeoramiento dificulta enormemente el desarrollo de la faceta investigadora de las universidades públicas canarias.
·         La vulneración sistemática de  los acuerdos laborales por unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores/as de la enseñanza, docentes y personal laboral. Esta administración se ha caracterizado por un menosprecio absoluto a la negociación colectiva y un incumplimiento sistemático de las condiciones de trabajo pactadas. Los y las docentes han sufrido recortes salariales que han rebajado su poder adquisitivo en más del 25%, han perdido la gran mayoría de los beneficios sociales que tenían, deben hacer mucho más trabajo con muchos menos recursos, con un incremento sostenido de la carga de trabajo que atenta contra la calidad de la educación y sobre su estado de salud, amenazada también por los recortes de las prestaciones por situaciones de incapacidad laboral temporal.  
·         El recorte unilateral de derechos sociales, cuya última expresión es la reforma unilateral y vía Real Decreto-Ley de la jubilación anticipada y parcialque supone un endurecimiento injusto para el acceso a la jubilación. Defendemos el sistema público de las pensiones
Todos estos recortes tienen como finalidad reducir en más de un tercio el dinero destinado a la educación en todo el estado desde que gobierna el Sr. Mariano Rajoy. Al tiempo que se sientan las bases para una inminente privatización de la educación, convirtiéndola en un negocio rentable por no tener que afrontar la atención al alumnado más desfavorecido. Una vez más, se pone una necesidad social básica al servicio de los intereses económicos de una minoría.
 Por todo ello llamamos a la participación de todos los sectores del ámbito educativo canario a secundar la jornada de huelga general de educación del jueves 24 de octubre que culminará con concentraciones y/o manifestaciones en todas las islas a partir de las 19.00 h., así como a seguir en la brega, continuando la participación en futuras movilizaciones en defensa de la Educación Pública.
No nos conformemos, el presente y el futuro de nuestra sociedad depende de ello, di NO a la LOMCE, di NO a los recortes educativos con tu participación y presencia en las diferentes movilizaciones.
¡Ni recortes ni LOMCE!

JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013  
HUELGA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Manifestaciones El 24, día de la huelga, a las 19:00 horas
TENERIFE: Plaza Weyler, Santa Cruz de Tenerife.
GRAN CANARIA: Plaza del Obelisco, Las Palmas.
LA PALMA: Plaza de España, Santa Cruz de la Palma
LANZAROTE: Calle Real (Cabildo Viejo), Arrecife.
FUERTEVENTURA: Plaza de la Iglesia, Puerto. del Rosario.
LA GOMERA: Pl. de las Américas. S. Sebastián.
EL HIERRO: Concentración frente Delegación de Gobierno, Valverde
– CONVOCAN TODOS LOS SINDICATOS DE ENSEÑANZA, FEDERACIONES DE AMPAS Y ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES